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| SERVICIOS DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS: ¿Futuro utópico o realista? |
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Juan Ignacio Larraz
Plo
Jefe del Servicio Provincial de Extinción de Incendios
Para hacer un diagnóstico útil;
es decir, que permitiese luego aplicar soluciones realmente
adecuadas a los Servicios de Extinción de Incendios,
es preciso partir del estudio de las Administraciones de las
que dependen estos Servicios, según sean de ámbito
local, comarcal, provincial o autonómico.
 Aunque
no sea cómodo hacerlo, no creo que pueda soslayarse una
consideración previa, a modo de premisa: en esa materia,
en su ordenamiento, normativa y ejecución, actúan
dos poderes reales. Uno es el poder legítimo de las diferentes
entidades político-administrativas; otro es el que, de
hecho, ejercen los bomberos, en tanto que trabajadores y asalariados,
recurriendo principalmente, dentro del marco creado por nuestras
leyes, a sus organizaciones sindicales o laborales. Tampoco
es prudente ignorar dos circunstancias más evidentes,
pero escasamente mencionadas porque a menudo resultará
“políticamente incorrecto” subrayarlas:
En cuanto a los responsables políticos, no siempre se
libran de valorar con exceso presuntos costes políticos
negativos que se derivaron de ciertas decisiones suyas, a primera
vista convenientes. Por parte de los trabajadores, que tampoco
son de naturaleza angélica, es comprensible que, igualmente,
se den, en uno u otro grado, actitudes teñidas de individualismo
o más o menos dictadas por la conveniencia personal.
Ambas circunstancias deberían quedar siempre circunscritas
a lo razonable y en ningún caso pueden llegar a ser dominantes
o prevalentes en la toma de posturas y decisiones sobre los
Servicios. El límite evidente para los dos es que no
deben impedir la progresión de propuestas de mejora de
los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y PROFESIONAL
Si actúan simultáneamente ambas tendencias sin
ser reducidas a su mínima dimensión, aún
pueden resultar más inconvenientes. Sobretodo si no se
plantean explícitamente, como plantea el paciente su
dolencia y las causas a las que se le atribuye, aunque no le
resulta grato reconocer algún rasgo impropio de su conducta:
porque, ante todo, quiere velar por su salud. A menudo la natural
dicotomía entre los planteamientos políticos y
los laborales encierra oposiciones insalvables que pueden actuar
en perjuicio de los planteamientos técnicos y profesionales.
Esto debe saberse y asumirse para limitar su incidencia negativa.
Y si ésta llega a ser suficiente, lo que procede es llevar
a cabo un cambio de una entidad que afecte a la estructura misma
de la toma de decisiones y que establezca unas condiciones previas
en las que sea difícil que esas limitaciones humanas
lleguen a ser perjudiciales.
Así, en la parte que se refiere específicamente
a los bomberos, deberían siempre estar de antemano objetivados
los asuntos que atañen a horarios, turnos, formación,
actividades y disciplina, todos los cuales han de fijarse fundados
en criterios eminentemente racionales y técnicos y no
ser objeto, en principio, de mudanza coyuntural. Hay pues, un
ámbito que, entre todos, debiera ser puesto a salvo de
contingencias, que tendría que quedar previamente definido
y detallado porque está en la base de una buena gestión
y es condición necesaria, aunque no suficiente, para
un Servicio óptimo. ¿Cómo acercarse a ese
futuro? Considerando ese doble componente (responsabilidad política,
responsabilidad profesional), también la idea general
es doble.
CAMINO HACIA EL FUTURO
Por un lado, habría que dar con la fórmula administrativa
mediante la que los responsables políticos quedasen exonerados
de responsabilidades no políticas, para que pudiesen
cumplir mejor y más libremente con sus misiones principales
de definir e impulsar objetivos, obtener medios para alcanzarlos
y poder, en consecuencia, exigir resultados congruentes. En
cuanto al personal del Servicio, parece exigible la asunción
por él mismo, sin reservas, de una reglamentación
hecha de tal forma que permita ejercer la autoridad de mando
desde la mayor objetividad y en la que queden establecidos con
claridad y precisión los deberes y los derechos de los
bomberos, que no pueden ser objeto permanente de discusión
o duda.
Sobre estas bases iniciales surgen grandes preguntas. ¿Estarían
dispuestos el poder político-administrativo y el poder
laboral y sindical a ceder, el primero su protagonismo cuando
inventa ámbitos impropios o inconvenientes (que, a la
postre, tampoco beneficia a los políticos) y, el segundo,
a aceptar con buen espíritu una definición eficaz
de la profesión de bombero, sin interferir, tras su definición,
en su aplicación o puesta en práctica?
 El
Estado de las Autonomías tiene ventajas indudables. Pero
también crea sus propias dificultades que, evidentemente,
son frecuentes en el terreno de la cooperación y la coordinación
entre diecisiete Comunidades y dos Ciudades Autónomas.
En la práctica, es imposible pretender hoy medidas comunes
e integrales de funcionamiento de nivel estatal; sobre todo,
a partir del traspaso de competencias en materia de Protección
Civil. Por tal causa, en un terreno meramente empírico,
los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento
no tienen otra opción que la de buscar su evolución
y su mejora precisamente en el ámbito de la jurisdicción
territorial en la que se desenvuelven. Sólo de esta forma
será posible mejorar rendimientos y prestaciones a la
sociedad, y en su momento, con esa fase más consolidada,
establecer procedimientos cooperativos territorialmente más
ambiciosos y que tengan alguna posibilidad de eficacia permanente.
Combinemos la utopía con la realidad. Pensemos por un
momento en que es operativo al máximo el espíritu
vocacional de los componentes de los Cuerpos de Bomberos: técnicos,
oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y bomberos; en que
los horarios y los turnos se proponen en función de conseguir
mayores rendimientos; en que las prácticas y la formación
cotidiana son requisitos imprescindibles de la buena forma física
de los bomberos y de la mejor puesta a punto del material; y
en que el compañerismo bien entendido (no el corporativismo)
es base de la convivencia y prevalece como cualidad.
Cuando esas circunstancias se dan de forma apreciable o mayoritaria
en un Parque de Bomberos o en un Servicio, las soluciones a
los problemas se resuelven con facilidad y el rendimiento alcanza
altas cotas de eficacia. Si llega a darse la situación
contraria, a la cual puede llegarse por el olvido o el abandono
de uno o varios de esos fundamentos, minados por el egoísmo
y el individualismo, entonces es preciso (y, además es
un deber moral y social) introducir cambios relevantes en la
organización. Llegado ese caso, quien tenga sentido de
la responsabilidad y alguna estima por el decoro propio y ajeno,
debe tomar las decisiones que, en su nivel, le incumben: y eso
afecta a todos, desde el más novel de los bomberos hasta
el máximo responsable político.
Cuando se olvida que la acción de los bomberos debe concurrir
en grupo, cuando se pierde el sentido de la solidaridad y se
abandona la preparación, se habrá perdido todo.
Soy de los que creen que a esa situación no ha de llegarse,
por la calidad humana de la mayoría de las personas que
componen los Servicios de Extinción de Incendios. Pero
la experiencia está demostrando que es preciso arbitrar,
sin aspavientos, pero sin temor, factores correctores en la
organización y en la gestión, para que no crezcan
los gérmenes negativos que, como en todo organismo vivo,
también se albergan en el nuestro.
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